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30 septiembre, 2019
Discapacidad en Bogotá: origen y barreras

El concepto de discapacidad se puede abordar desde diferentes perspectivas, según los enfoques que lo sustentan en lo humano, lo social, lo cultural, lo científico, lo económico y lo político. Se podría afirmar que los modelos biológicos centrados en la deficiencia y la tragedia personales han evolucionado a modelos más integrales, como el biopsicosocial, propuesto en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 2001), que la define, en términos genéricos, como “las deficiencias en estructuras y funciones corporales, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación, resultado de interacciones entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona, el entorno y las circunstancias en las que vive”.

A partir del impulso dado por los movimientos sociales, el modelo se alimenta de otros enfoques, como el de derechos y desarrollo humano, lo cual lo convierte en un asunto más social, cultural y político. Producto de ello, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la definió como el “resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Incluye aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales”.

Sin duda, la discapacidad es una condición de interés en salud pública que tiende al empeoramiento; según el informe mundial sobre discapacidad de 2011, el 15% de la población mundial presenta alguna forma de discapacidad. Las dinámicas demográficas y epidemiológicas relacionadas con envejecimiento, aumento mundial de enfermedades crónicas (tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental), así como las deficiencias ocasionadas por accidentes y las diferentes formas de violencia, hacen prever una tendencia global hacia el aumento. En Colombia, los informes de la Sala Situacional de las Personas con Discapacidad (2018) del Ministerio de Salud y Protección Social refieren que, si bien en el país no hay cifras exactas de las personas con discapacidad, el Censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2005 captó a 2.624.898 personas (6,3 % de la población colombiana) que refirieron tener alguna discapacidad, con dificultades en el funcionamiento, la participación y el desempeño de sus ocupaciones.

A pesar de los avances en inclusión, hay suficiente evidencia mundial, nacional y local de que las personas con discapacidad se enfrentan a barreras para el goce efectivo de todos sus derechos, para acceder a servicios, para obtener calidad e integralidad en la atención en salud y en cuanto a oportunidades de participación social en igualdad de condiciones. En consecuencia, si no se modifica tal situación, una mayor prevalencia de la discapacidad podría venir acompañada de mayor inequidad social, exclusión, pobreza y condiciones de salud asociadas a esta condición, que irán en detrimento de la calidad de vida personal y familiar, considerando al cuidador que dedica su vida al cuidado de otro.

Como respuesta, Colombia cuenta con un marco normativo nacional y distrital para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores, con programas, servicios o beneficios desde diferentes sectores e instituciones, que incluyen lo público, lo privado y a la sociedad civil organizada. El registro continuo para la localización y la caracterización de personas con discapacidad es un instrumento diseñado a fin de ofrecer información estadística y una potencial puerta de entrada a oportunidades para la exigibilidad de todos los derechos, así como para tomar decisiones y diseñar acciones.

Esta edición del Boletín Epidemiológico Distrital presenta un análisis de los datos del registro dirigido a todas las partes interesadas —incluidas las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y las de personas con discapacidad— que concurran en el desarrollo, el ajuste y la implementación de políticas, acciones y programas incluyentes en beneficio de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadores y la población general.

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